En cualquier crisis económica hay un marco de protección que es la cohesión familiar como un factor que procura ventajas de un modo claro y rotundo ya que la familia es una garantía para que el país prospere y como tal un pilar básico ante las crisis económicas. Pero tampoco nos engañemos: hoy estamos ante una crisis que está teniendo derivas muy peligrosas y son precisamente las que han nacido de una especulación bancaria desaforada, de tal modo que buscando el máximo rendimiento económico se ha incidido en la primera necesidad familiar que es el hogar. Es decir, sobre la necesidad de tener una vivienda propia.
La consecuencia de esa ruptura del equilibrio está afectando a centenares y miles de familias que están siendo desahuciadas en ejecución de hipotecas -más de 500 casos diarios en toda España- castigadas por un mal especulativo que no generaron ellos. Estamos ante una carga en profundidad contra la cohesión familiar. Existe la
necesidad de salvaguardar esa cohesión familiar que si bien es una responsabilidad política debería ser una exigencia de todos nosotros.
¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo esto? Son malos tiempos para la estabilidad familiar y malos tiempos para la credibilidad de la justicia española. Es esa mal llamada justicia que a las órdenes del banquero todopoderoso dicta resoluciones y ejecuta las mayores tropelías cobardemente parapetada tras la policía o la guardia civil; se destroza así el futuro de tantas familias que son lanzadas a la calle (más de 350.000 desde el inicio de la crisis económica). Son esas familias que a duras penas tienen para comer y que si lo hacen es a través de Cáritas o acudiendo a los comedores sociales. Que se han quedado sin casa o que viven en la de sus familias hacinados todos en pequeños cubículos, sin que puedan aspirar a un nuevo hogar que no sea de prestado.
Es curioso recordar aquellas películas de la post guerra que analizaban la temática de la infravivienda y el chabolismo bajo una legislación influida por consideraciones morales. Pero esa misma moralidad era la que impedía que se pudiera dejar a alguien sin techo donde vivir -aunque fuesen las cuatro chapas del reciento- hasta que esa familia tuviera un techo permanente en el que cobijarse. Esto sucedía porque el derecho a la vivienda era un derecho fundamental que hoy no se respeta ante la primacía que los jueces dan al derecho mercantil sobre el constitucional. Y los banqueros se siguen frotando las manos.
Luis Enrique Veiga Rodriguez (La Coruña)
Ahora somos la COORDINADORA CIUDADANA INDEPENDIENTE (CCI), antes eramos la COMISIÓN SIN TECHO DE LA CORUÑA.
(Visto en XORNAL 21)
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