El segundo aniversario del 15-M se ha desarrollado con decenas de miles de personas en la calle reunidos en manifestaciones sin permiso que han recorrido las ciudades más importantes sin que se produjeran incidentes. Habrá quien haya echado de menos una mayor contundencia de las delegaciones del Gobierno contra las marchas ilegales aunque el buen criterio se ha impuesto para no convertir la efeméride en una sucesión de altercados en los días siguientes.
Si bien es cierto que las manifestaciones y las asambleas del 15-M han registrado un descenso paulatino de participantes, no lo es menos que su influencia política y social ha crecido de forma simultánea. Muchos de los presupuestos, de las consignas y de los objetivos del movimiento 15-M y herederos han calado en la ciudadanía y han sorprendido por su potencia a los partidos tradicionales, acentuado la desafección hacia la forma en la que hacen, y les han tomado la delantera en su relación con la ciudadanía, a la que le piden el esfuerzo bien de la movilización por la causa que decidan, bien sea la defensa de lo público y el mantenimiento de derechos y libertades que se ven atacados con las reformas en marcha.
Mientras que los partidos mayoritarios se debaten entre el centralismo democrático y la necesidad de imbricarse en los movimientos sociales y mostrarse más cercanos a la ciudadanía sin que nunca lo hayan conseguido de manera eficaz, y hagan intentos como la decisión del PSOE de celebrar elecciones primarias para elegir a sus candidatos, los movimientos sociales recelan de la intervención de los partidos políticos y sindicatos en sus actividades, porque lo que pretenden es instaurar otra forma de hacer política para no caer en los mismos errores.
De ahí sus propuestas de una participación ciudadana más activa que se refleja, en la parte formal, con peticiones de cambios en la ley electoral para que las votaciones reflejen de forma más exacta la proporcionalidad, y en el fondo porque se trata de que los representantes populares sean capaces de responder a los deseos y necesidades de sus votantes y puedan y sepan resistir las presiones de grupos que no tiene legitimación democrática. En ese aspecto los dos partidos que se han alternado en el gobierno de la Nación han sido igual de frágiles, de donde procede la percepción de que todos los partidos son iguales -'no nos representan'- y han contribuido de la misma manera al descrédito de las instituciones.
Como en el lema de las manifestaciones del pasado domingo, los indignados -muchos más que los que se manifiestan pero que se sienten engañados por incumplimientos o por las consecuencias de los recortes- han pasado- a rebelarse y lo han hecho de dos formas, con el castigo a los partidos de la alternancia, que se encuentran en sus menores expectativas de voto, y con el crecimiento de los desencantados que irán a la abstención o votarán en blanco. O con nuevas formas de presión, desde los escraches a los políticos, considerados legales porque la libertad de expresión y de manifestación está por encima del derecho a la intimidad de los políticos -inadmisión de la denuncia del marido de Sáenz de Santamaría-, a las concentraciones antidesahucios o con ocupaciones de entidades financieras para poner de manifiesto situaciones injustas. Sería una reducción equivocada equiparar indignados con 'antisistemas', porque comparten la pasión por la cosa pública. Pero de otra forma.
Fernando Lusson.
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