Esta cantidad es impagable y lo es porque debido a la política de recortes y reformas del mercado laboral añadidas a la crisis, han producido una depresión que no da señales de acabar; muy al contrario, parece que va a continuar sin saber hasta cuando. Y a pesar de ello cada día hay una subasta de títulos, bonos y pagarés a creciente interés y con una prima de riesgo disparada, el Estado interviene y nacionaliza las pérdidas de los bancos quebrados con la confesada intención de devolverlos al sector privado una vez saneados.
La ayuda de la UE a los bancos está avalada por el Estado y en consecuencia éste asume, como garante último, la devolución del préstamo. Los recortes a las condiciones de vida de la ciudadanía continúan en una clara transgresión, no sólo de la solemne Declaración de DDHH de la ONU sino -incluso- de los Títulos Preliminar y VII de la vigente Constitución Española. No hace un año todavía la Constitución ha sido modificada en su artículo 135 a fin de que la deuda tenga preferencia de pago sobre cualquier otro gasto público. El llamado Estado de Derecho ya no es tal. Paralelo al Estado y sus administraciones, existe otro que informa el impulso de la acción política; un doble Estado formado por mafias, redes clientelares, intereses espurios, grupos de presión y alguna que otra alcantarilla. La situación es todavía susceptible de empeorar si no se ataja esta política.
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