Ley de Seguridad Ciudadana

Fascismo residual en España
El castigo administrativo a la paralización de desahucios no ha sufrido modificación en el nuevo texto. Como en el presentado el pasado otoño, participar en una de estas acciones podrá ser castigado como infracción grave, que conlleva multas de entre 1.001 y 30.000 euros. El anteproyecto de ley no menciona ninguna de estas formas de protesta, aunque es fácil identificarlas en el articulado. Por ejemplo, dentro de las infracciones graves están los "actos de obstrucción" que pretendan impedir la ejecución de una resolución administrativa o judicial. O lo que es lo mismo, formar una cadena humana ante una vivienda de la que la Policía pretende desahuciar a una familia en cumplimiento de una resolución del juzgado. 
 
Fernández Díaz ha asegurado que, a diferencia de la ley en vigor, esta incluye tres grados para las sanciones graves y muy graves. Para imponerlas, ha adelantado, se tendrá en cuenta la situación económica del infractor. La falta grave, sin embargo, antes era sancionada con un mínimo de 300 euros y ahora esa cantidad en su grado menor será, en cualquier caso, de 1.000 euros. Las infracciones leves, que antes llegaban hasta los 300 euros ahora podrán ser castigadas con hasta 1.000. Las graves, con multas de 30.001 a 600.000 euros.
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